Una de las palabras más temidas desde que empezó la crisis es el "embargo" de la vivienda. Para quien no lo sepa, en pocas palabras, se trata de la acción de reserva del inmueble para cumplir con las deudas contraídas, es decir, que el banco se queda con la propiedad para finiquitar el préstamo hipotecario (o al menos una parte).Se trata de una medida contundente y que no interesa a ninguna de las partes. Por este motivo, tanto los sindicatos de Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores, además de el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) han propuesto al gobierno que se evite, en la medida de lo posible, el empleo de acciones judiciales por parte de las entidades bancarias en el caso de situaciones de embargo.
Además se solicita que la administración pública se encargue de las viviendas cuyos propietarios no pueden hacer frente a los pagos, y éstos se conviertan en inquilinos hasta que la situación económica de los mismos les permita recuperarla.
Otro aspecto fundamental a destacar es la petición para fomentar la educación económica de los ciudadanos, una circunstancia que hubiera permitido ahorrarse muchas situaciones comprometidas con tal solo un poco de sentido común. Simplemente basta con unos sencillos cálculos para saber la capacidad de cada uno para endeudarse; si se gasta más de lo que se gana nos encontramos en un grave problema que no se soluciona pidiendo créditos a mansalva.
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